Más de 100 mujeres demandarán al Estado chileno.
¿La razón? Todas ellas quedaron embarazadas mientras consumían un anticonceptivo defectuoso que recibían en el sistema público.
Se trata del Anulette CD, el cual reciben más de 380 mil mujeres en el país.
Hasta ahora, la corporación Miles ha documentado 112 casos y en abril presentarán una demanda contra el laboratorio Silesia y el Estado chileno.
“No hubo una respuesta institucional, no hubo una pesquisa temprana tampoco por parte de los servicios de atención primaria, y posteriormente tampoco hubo un ofrecimiento de ayuda, aunque sea psicológica o psicosocial a estas mujeres”, explica Javiera Canales, directora ejecutiva de la corporación Miles.
Para Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, el Estado debe asumir los errores en esta política pública y hacerse cargo de entregar un apoyo a todas las mujeres afectadas.
“Dentro de las tres causales (de aborto) no hay ninguna solución para ellas. Si ellas quisieran tomar una decisión de interrupción no la hay. Si tiene una decisión contraria de asumir como muchas mujeres un embarazo no deseado y continuar, el Estado debiera hacerse cargo de cómo apoya a esa mujer en un crianza que ella no buscó“, explica Román.
El caso de Bárbara
Bárbara tiene 20 años, estudia Educación de Párvulo y está a punto de dar a luz a su primera hija. Recibía los comprimidos de Anulette CD en el Cesfam Los Volcanes de Chillán desde hace cuatro años y este embarazo inesperado cambió todos sus planes.
“Yo era súper responsable, me tomaba mis anticonceptivos todos los días a la misma hora. Tenía una alarma, me sonaba todos los días y nunca fallé con ni uno. Y por eso para mí fue como súper shockeante, sorprendente, porque no me lo esperaba“, dice Bárbara.
“Me costó mucho aceptarlo. Igual la pasé mal, pero ahora al pasar los meses he podido ir asimilando”, cuenta sobre la espera de su hija Agustina.
Fue en agosto del año pasado cuando algunos Cesfam del país detectaron lotes de pastillas defectuosas. Estas fueron retiradas en septiembre por el Instituto de Salud Pública (ISP), ya que presentaban “defectos en la calidad del envasado, alvéolos vacíos, y comprimidos triturados”. Para ese entonces Bárbara ya tenía dos meses de embarazo.
“Una se confía en algo, aparte que es algo que nos están regalando, que nos entrega el Estado gratis a nosotras, y que vengan defectuosas, yo creo que es como una burla“, sentencia Bárbara.
“Nunca antes había escuchado una situación similar, realmente lo que está ocurriendo en Chile es casi que una situación sin precedentes o con pocos precedentes“, dice María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link.
“Los derechos sexuales y reproductivos son los principalmente vulnerados en esta situación. Las mujeres han visto gravemente violentada su autonomía reproductiva”, finaliza Ibáñez, cuya organización llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Derechos de la Salud y Discriminación de la Mujer de la ONU.